La Junta de Andalucía, el escándalo de los ERE y otros desastres

La Junta y el PSOE de Andalucía están dando mucho de qué hablar últimamente, y lo imposible parece que está a punto de suceder. Como decía la canción de Sam Cooke , abanderada del Movimiento de Los Derechos Civiles de los 60, “A change is gonna come”, se avecina un cambio.

Los andaluces  se empiezan a plantear que, después de casi 30 años de gobierno del PSOE, se están cansando de tanto mangoneo, y por primera vez en la historia de la democracia española, el Partido Popular tiene posibilidades reales de dirigir la Junta de Andalucía y de dirigirla bien.

La Junta de Andalucía, cargos del PSOE y sindicalistas están en el punto de mira de varios escándalos de financiación irregular que aunque puedan parecer distintos, nos llevan todos al mismo sitio, el chanchullo puro y duro.  Para que a nadie le quede ninguna duda, el chanchullo es que algunas personas, varias, se han financiado personalmente con el dinero de todos, en particular el que estaba destinado a ayudar a los parados.

Se habla de varios casos, el Mercasevilla, el de Riotinto, el de Matsa, etc..

MERCASEVILLA y otros ERE

Un ERE es un procedimiento jurídico reglado que sólo puede conceder la Administración Pública, que es la que cuenta con la potestad administrativa necesaria, y en Andalucía, esa competencia es de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Empleo.  Dicha Consejería,  normalmente a través de sus Delegaciones Provinciales concede el ERE y fiscaliza la lista de personas que pasarían a la jubilación anticipada con ayuda de fondos públicos, una vez estudiada la situación económica de la empresa en cuestión.  Estos fondos han alcanzado unos 700 millones de euros en los últimos años.

Los informes policiales denuncian que las irregularidades detectadas consistían en falta de fiscalización del dinero público ya que varios ERE se hacían a través de una empresa pública llamada IFA (hoy se conoce como Agencia Idea) que al no pertenecer a la Administración General de la junta gestionada por empleados públicos, carecía de los controles jurídicos necesarios para ofrecer garantías de imparcialidad.

Hasta aquí bien. Falta de imparcialidad, amiguismos, les han concedido el ERE por que son conocidos, es normal, España, territorio comanche para los chanchullos…Pero,  ¿cómo se nos queda el cuerpo cuando nos enteramos que una tal  María José Rosa Aparicio, que fue contratada a dos meses de cumplir 65  para aparecer como perceptora de una ERE  ha cobrado 1,3 millones de Euros? Así como suena, la contrataron 2 meses antes de jubilarla, en pleno proceso de la ERE, y se ha llevado más dinero que si le toca el gordo de Navidad. A mi abuela le congelan la miserable pensión que tiene,  y a esta señora por ser amiga de quien sea amiga se lleva 1,3 millones de euros.

Pero no solo hay contrataciones sospechosas. Hay beneficiarios de ERE de empresas en las que ni siquiera han trabajado.  Como por ejemplo Antonio Garrido Santoyo, el ex dirigente del PSOE de Baeza, Jaén, que se coló en el 2007 en la regulación laboral de Mercasevilla. Y también están saliendo “intermediarios”, como el ex sindicalista Juan Lanzas y el comercial de Vitalia Francisco González, cuyo objetivo era “percibir  ellos mismos las cantidades previstas para los prejubilados”. Según el atestado policial.

Hoy he leído que se han detectado 39 nuevos falsos prejubilados más.

La policía, en una investigación tutelada por la jueza Mercedes Alaya, sostiene que la Junta de Andalucía destinó 647 millones de euros desde 2001 para ayudas sociolaborales, saltándose de forma “total y absoluta” los procedimientos establecidos.

Estamos hablando de que la Junta lleva años aprobando y financiando ERE en empresas privadas y una pública (Mercasevilla). El atestado policial incide en que las empresas beneficiarias no solicitaban la ayuda pública, sino que se les ofrecía. Es decir, en los expedientes no consta ni una sola solicitud de ayuda por parte de las empresas beneficiarias, simplemente se les ofrecía por “intermediarios o algún responsable de la Consejería de Empleo”. La investigación sugiere la “anuencia” de algún alto cargo autonómico (aparte del ex director de Trabajo) y que dicho alto cargo también puede haber cobrado comisiones.

El pleno del Parlamento andaluz ha rechazado, con los votos del PSOE, una petición del PP de Andalucía de la creación de una comisión de investigación en la Cámara sobre la gestión por parte de la Consejería de Empleo y el Servicio Andaluz de empleo, en el ámbito de sus competencias, de los expedientes de regulación de empleo autorizados a Mercasevilla. Por lo visto no es ni “necesaria, ni conveniente”.

Empresas como DHUL de NUEVA RUMASA están investigando si hay casos de “presuntos prejubilados” en sus procesos de ERE.

MINAS DE RIOTINTO

Este caso ha supuesto más de 120 millones de euros a las administraciones. La gran paradoja, destila ABC, es que probablemente hubiera bastado con un crédito puente de unos seis millones de euros para garantizar la supervivencia de la empresa, ya que en septiembre de 2003 los precios del cobre empezaron a remontar y pronto se situaron por encima del coste operativo.

Este caso es grave por varias razones. Os ponemos en antecedentes.  Aquí hablamos de una extinción de contratos pactados entre la Consejería de Trabajo de la Junta y los sindicatos de las Minas de Riotinto. La gracia del tema es que las minas subterráneas habían cerrado en 1987, pero en el expediente se consideró abierta la mina hasta el 2001.

El expediente fue acordado únicamente entre los sindicatos de la empresa y la Consejería, ya que la empresa se negó a firmar, por las irregularidades contenidas.

Se certificó que todo el personal afectado- más de 400 trabajadores- había trabajado en la mina el tiempo necesario exigido (hasta el 2001) y se certificó que el numeroso personal había estado asignado a los puestos más insalubres, aquellos que aportan más beneficios a la hora de calcular las asignaciones económicas. Por ello, el personal administrativo, los trabajadores de la mina a cielo abierto y de la planta de procesado aparecían como mineros subterráneos,  es decir, la Junta abaló que  las señoras de la limpieza trabajaban en la mina, en puestos de riesgo.

Esta medida dio lugar a escenarios laborables absurdos como que en el expediente aparecieran 80 personas trabajando de jumbistas, cuando solo había 3 jumbos (maquinaria utilizada para la perforación de barrenos).

Pese a recibir diversas ayudas como un crédito del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía) de nueve millones de euros, y un ICO de 6 millones, la sociedad, controlada accionarialmente por las centrales sindicales se vio obligada a vender la empresa en septiembre del 2001 por valor de 1 euro a un grupo de profesionales que esperaban reflotar el negocio ante una posible mejora en los precios del cobre. No obstante, por varios problemas con los sindicatos, en el 2003 la empresa solicitó un expediente de extinción de contratos que fue rechazado por la Junta de Andalucía, que si aceptó el presentado por la representación laboral de la empresa. Y esto fue lo que acordaron.

De este modo fraudulento se logró que personas de 42 años, sin haber pisado la mina subterránea en su vida, alcanzaran reducciones de diez años gracias a la aplicación de coeficientes reductores falsos del 50 % a la totalidad de su vida laboral.

EL CASO MATSA

La Junta de Andalucía concedió una subvención de diez millones de euros a la empresa minera Matsa (Minas de Aguas Teñidas) después de una larga tramitación administrativa. La nota curiosa es que la hija del ex presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves trabajaba allí, lo cual presenta un posible conflicto con la Ley andaluza de Incompatibilidad de Altos Cargos.

Además, en LA GACETA han publicado que el ex ministro socialista Carlos Solchaga recibió de dicha empresa 461.00 euros por mediar en el proceso de subvención.

Por todas estas razones, la Junta de Andalucía, el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñón y el anterior, Manuel Chaves deberían dimitir todos en bloque. Porque no pueden alegar que no tienen responsabilidad. Porque la responsabilidad de lo que pasa en nuestra casa, bajo nuestra vigilancia, es nuestra, aunque estuviéramos mirando hacia otro lado cuando sucedió.

En fin, no dimiten, ni tampoco aceptan comisiones investigadoras, así que solo nos quedan las URNAS.

¡A por ellos, que son pocos y cobardes!

Fuentes: ABC, LA RAZÓN, Europa Press, Público y otros.

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